- Editorial: ARANZADI
- Año de edición: 2020
- Materia: Derecho mercantil
- ISBN: 978-84-1308-784-9
- Páginas: 600
- Colección: Guías Prácticas
- Idioma: Español
75,78 €
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La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, ha supuesto un reto tanto para la Administración Pública como para las empresas privadas que concurren a las licitaciones, tanto por la extensión de la nueva norma, como por la introducción de elementos novedosos en los procedimientos, entre los cuales destaca la licitación electrónica. El enfoque de la obra es absolutamente práctico, analizando las cuestiones más relevantes que han surgido tras la entrada en vigor de la ley, y aportando como soluciones las resoluciones más destacables de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública; así como también referencias doctrinales y jurisprudenciales que si bien se refieren a las anteriores normas legales (RD Legislativo 3/2011 y Ley 30/2007) pueden ayudar a comprender la nueva normativa.
Actualizado con el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero, que modifica el contenido del Artículo 118 sobre el contrato menor, estableciendo que ya no se requiere el informe motivado del órgano de contratación, en contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros y, además, se elimina la obligación del órgano de contratación de justificar que el contratista no haya suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente, superen los umbrales establecidos.
Análisis práctico de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, mediante el estudio de la doctrina de los Tribunales Administrativos de contratación pública que han interpretado la ley tras su entrada en vigor.
-Orientación práctica, tanto para la empresa privada como para las Administraciones Públicas.
-Análisis de los procedimientos.
-Referencias doctrinales y jurisprudenciales.
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas contratistas con las AA.PP, asesorías y gestorías.
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