- Editorial: ALMUZARA
- Año de edición: 2024
- Materia: Historia universal. Obras generales
- ISBN: 978-84-1131-808-2
- Páginas: 470
- Encuadernación: Rústica
- Colección: < Genérica >
- Idioma: Español
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¿Por qué finalizó la Segunda República en una cruel Guerra Civil? ¿Pudo haberse evitado? ¿Quiénes fueron los principales incendiarios de la gran conflagración que enfrentó a los españoles? ¿Son la Segunda República, sus gobiernos y sus políticos responsables de la confrontación abierta que nos llevó a la guerra? La presente obra tiene una respuesta clara. Fue el sectarismo de los políticos republicanos el principal responsable del violento desenlace de la República. La falta de libertad de expresión, por ejemplo, fue una constante. La Ley de Defensa de la República del 1931 y la Ley de Orden Público del 1933 fueron usadas como arma de represión tanto por el ministro de la Gobernación como por los gobernadores civiles. Desgraciadamente, fue el propio Estado el que propició la violencia, tanto por parte de los revolucionarios de izquierda como por los extremistas de derechas. Y, como muestra, las sucesivas quemas de iglesias y conventos desde mayo de 1931 hasta el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936. El número de víctimas mortales durante el período republicano, por causas políticas o sociales, superó las 2.500 personas. La izquierda no aceptó la alternancia en el poder, de ahí, la revolución de octubre del 34, el fraude electoral de febrero del 36 y los gravísimos acontecimientos de la primavera del 36, que culminarían con el asesinato de Calvo Sotelo. Se produjeron, asimismo, injerencias inadmisibles en el campo de la judicatura, que se hizo patente con amnistías o con la liberación de presos por la fuerza, culminando en junio del 36, con la creación de un Tribunal Especial para juzgar a los propios jueces, compuesto por cinco magistrados y doce jurados, a los que sólo les pedía saber leer y escribir. En resumen, el deterioro del Régimen republicano fue de tal envergadura que propició el alzamiento militar de 18 de julio de 1936.
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